La pelea en el puerto de Quequén

El puerto de Quequén, uno de los principales nodos de exportación de granos en Argentina, se encuentra en medio de una tensa disputa por la renovación de su concesión. La presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Jimena López, propuso una prórroga de la concesión por un año más, lo que permitiría ganar tiempo para realizar una licitación que otorgue seguridad jurídica a los exportadores.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador Axel Kicillof, quien considera que este período es suficiente para diseñar un proceso adecuado. Sin embargo, la propuesta ha generado controversias dentro del directorio y entre los actores involucrados.

El conflicto surge porque algunos sectores del directorio, vinculados a intereses empresariales, buscaban una prórroga de tres años, probablemente con la esperanza de que un cambio de gobierno provincial en 2027 les sea más favorable. Además, los exportadores se encuentran molestos debido a que el gobierno quiere incluir una «reserva de carga», una medida que beneficiaría a pequeños productores al garantizarles un porcentaje de la capacidad de almacenamiento del puerto. Esta cláusula es impopular entre las grandes cerealeras, que prefieren mantener el control absoluto sobre la logística portuaria.

Tensiones internas y lucha por el control El directorio del consorcio, compuesto por representantes sindicales, municipales y empresariales, también enfrenta problemas internos. La posición de Daniel Arce, quien tiene un doble rol como representante de la Cámara de Permisionarios y Concesionarios y como ejecutivo de la empresa concesionaria, ha generado suspicacias debido a su acceso a información privilegiada. Esto ha llevado al consorcio a trabajar en una modificación del estatuto que impida este tipo de conflictos de interés.

Además, un grupo de directores intentó remover al gerente general del puerto, Fernando Ciancaglini, quien cuenta con el respaldo del intendente de Necochea, Arturo Rojas. Este movimiento no fue bien recibido por Rojas ni por algunas instituciones representadas en el directorio, lo que escaló la tensión.

Intereses empresariales en juego Las cerealeras han manifestado su disgusto por la participación de la Bolsa de Cereales en la concesión portuaria. Según empresarios del sector, la Bolsa fue impuesta durante la década de los noventa y tiene un rol poco beneficioso, obteniendo grandes ganancias sin aportar significativamente. Esta postura ha alimentado críticas hacia Kicillof, a quien han acusado de implementar medidas «estatistas» en detrimento del sector privado.

El puerto de Quequén, responsable del 7% de las agroexportaciones argentinas, es clave para el movimiento de 7,5 millones de toneladas de cereal al año, lo que convierte esta disputa en una cuestión de gran importancia para el sector agroexportador. Las tensiones entre los intereses empresariales y las políticas del gobierno provincial han generado un clima de incertidumbre que podría afectar el futuro de este estratégico puerto.

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