La Justicia Ordena a Pettovello Incorporar a los Comedores al Programa Alimentar Comunidad
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 ha emitido una decisión que obliga al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, a integrar a 66 comedores comunitarios en el Programa Alimentar Comunidad en un plazo de tres días hábiles. Estos comedores forman parte de la Asociación Civil “El Amanecer de los Cartoneros”, una organización que ha venido gestionando comedores para atender a personas en situación de vulnerabilidad social. Esta medida cautelar fue solicitada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) , que buscan garantizar el acceso de los comedores a los programas alimentarios del gobierno.
La medida judicial surge luego de que los demandantes solicitaran la incorporación de un total de 77 comedores al programa mencionado. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano informó que, de esos 77, 11 comedores no podían ser incluidos debido a que no se encontraban en funcionamiento al momento de la solicitud. Según el Ministerio, estos 11 establecimientos no cumplían con los requisitos necesarios para ser incorporados al programa alimentario, lo que fue debidamente comunicado al juzgado.
El fallo judicial, que responde a la acción legal de la UTEP y el CELS, establece que los comedores de la Asociación Civil “El Amanecer de los Cartoneros” deben ser incluidos en el Programa Alimentar Comunidad en el plazo de tres días. Si el Ministerio no cumple con la orden, el organismo podría enfrentarse a sanciones. La resolución judicial busca asegurar que los comedores comunitarios que operan en el ámbito de la economía popular reciban el apoyo estatal necesario para garantizar la alimentación de millas de personas en situación de vulnerabilidad , que dependen de estos establecimientos para acceder a alimentos básicos.
En respuesta a la intimación judicial, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que aclaró que no ha incumplido ninguna orden judicial relacionada con el Programa Alimentar Comunidad. En el mismo documento, el Ministerio explicó que se había notificado correctamente al juzgado sobre la situación de los 11 comedores que no estaban en funcionamiento, y que continuaba con la verificación de los 66 comedores restantes para proceder con su inclusión en el programa alimentario. La cartera también enfatizó que el proceso de verificación de los comedores en funcionamiento estaba en marcha, y que, en caso de que todos los requisitos fueran cumplidos, se procederá a la incorporación de los mismos de manera inmediata.
Esta decisión judicial es importante en el contexto actual, donde las políticas públicas de asistencia alimentaria se han vuelto cruciales debido a la crisis económica que afecta a amplios sectores de la población. Los comedores comunitarios desempeñan un papel fundamental en la contención de las necesidades alimentarias de los sectores más desfavorecidos, proporcionando una fuente vital de alimentación a las personas que, de otro modo, no tendrían acceso a estos recursos. La resolución busca asegurar que estos comedores tengan acceso a los programas oficiales que les permitan seguir brindando esta asistencia.
El fallo también resalta la creciente presión sobre el gobierno para que priorice las necesidades de los sectores más vulnerables en tiempos de dificultades económicas. El acceso a alimentos es una de las principales preocupaciones de las organizaciones sociales, que reclaman una mayor inversión en los programas alimentarios y un sistema más eficiente de distribución de recursos a las comunidades más necesarias. La resolución judicial también pone en evidencia la importancia de transparencia y eficiencia en el manejo de los programas sociales , a fin de que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes realmente los requieren.
En conclusión, el fracaso a favor de la UTEP y el CELS subraya la importancia de garantizar que los comedores comunitarios sean incluidos en los programas alimentarios para asegurar la cobertura de las necesidades básicas de las personas más afectadas por la pobreza. La obligación del Estado de asegurar el acceso a la alimentación se reafirma, y las autoridades del Ministerio de Capital Humano deberán actuar rápidamente para cumplir con la orden judicial y asegurar que los comedores beneficiarios puedan seguir brindando su servicio a la comunidad.
