Crisis en Atanor San Nicolás: Explosión, Conflicto Judicial y Despidos
La planta de Atanor en San Nicolás se encuentra en el centro de una grave crisis tras la explosión de una fábrica de agroquímicos en marzo de este año. El incidente desató un incendio que resultó en una «nube tóxica» que afectó a los barrios cercanos. La situación llevó a la intervención de la Justicia, que ordenó el cierre de la planta y solicitó un plan de gestión ambiental, lo que desencadenó una serie de suspensiones, despidos y un conflicto que involucra a la empresa, el gobierno local y el Poder Judicial.
Tras la explosión del 20 de marzo, la jueza Luciana Díaz Bancalari, del Juzgado de Ejecución Penal N°1 de San Nicolás, emitió una medida cautelar que mantuvo cerrada la planta, exigiendo que Atanor presente un plan de gestión ambiental. A pesar de la urgencia, la empresa tardó tres meses en solicitar la reapertura de la planta, lo que retrasó aún más el proceso judicial.
El 26 de junio, Atanor finalmente pidió la habilitación para reabrir la planta de atrazina. Sin embargo, el proceso fue lento, con retrasos en las inspecciones y la entrega de documentación por parte de la empresa, lo que prolongó el cierre. A pesar de los esfuerzos de la jueza para acelerar el proceso, la situación se complicó con la llegada de la feria judicial y las demoras adicionales de la empresa.
En medio de este conflicto, Atanor despidió a 15 empleados, culpando a la Justicia y a los grupos ambientalistas por la imposibilidad de operar. Sin embargo, fuentes cercanas al caso sugieren que podría haber otras motivaciones detrás de estos despidos, incluyendo la posibilidad de cesantear trabajadores sin atribuirlo a la crisis económica, y un posible interés en trasladar la planta a un predio perteneciente a la familia del intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia.
El abogado de Atanor, Juan Carlos Marchetti, también tiene vínculos con la Municipalidad, lo que añade otra capa de complejidad a esta situación que mantiene en vilo a la comunidad de San Nicolás. La combinación de intereses empresariales, judiciales y políticos ha creado una trama en la que las repercusiones de la explosión de marzo siguen resonando, afectando tanto a los trabajadores de la planta como a los vecinos de la zona.
