El intendente Méndez definió aumentos de hasta 270 puntos para 2025
La oposición de San Miguel denuncia un impuestazo a nivel local tras los aumentos decretados unilateralmente por el intendente Jaime Méndez, quien tiene facultades extraordinarias gracias a una excepción votada por su mayoría legislativa. Los incrementos, que oscilan entre el 101% y el 270% según el rubro, impactarán en sectores como el uso del espacio público, habilitaciones de comercios y obras, generando preocupación por el efecto negativo sobre la actividad económica local.
El Concejo Deliberante, con veinticuatro integrantes, cuenta con una mayoría oficialista conformada por trece ediles de Juntos por el Cambio y dos de La Libertad Avanza. Los nueve concejales opositores de Unión por la Patria no apoyaron la ordenanza que cede facultades al jefe comunal. Juan José Castro, vicepresidente segundo del cuerpo y presidente del PJ local, señaló irregularidades administrativas y denunció la falta de transparencia en las decisiones presupuestarias.
Una de las críticas más severas es la negativa de Méndez a compartir la clave del sistema informático Rafam, que permite monitorear en tiempo real los ingresos y gastos municipales, una obligación establecida por ley provincial. Según Castro, el presupuesto 2025 refleja solo los ingresos por coparticipación, ignorando los recursos propios que representan el 44% del total, lo que permitiría un manejo discrecional de fondos.
Internamente, el bloque de La Libertad Avanza enfrenta tensiones. La ruptura entre Carlos Romo y Noelia Oaxley, desencadenada por diferencias en la estrategia legislativa, podría derivar en la formación de una lista «libertaria pura». Este conflicto se enmarca en las disputas nacionales entre sectores alineados con Mauricio Macri y Javier Milei.
Las críticas de la oposición a la gestión de Méndez incluyen denuncias de desigualdad en la distribución de recursos, privilegiando los barrios más pudientes y relegando a otros sectores. También cuestionaron la reducción en la partida presupuestaria para salud, del 30% al 28%, un tema grave dado que el distrito carece de hospitales provinciales y depende exclusivamente de los servicios municipales.