Emergencia ferroviaria decretada por el Gobierno por dos años
El Gobierno ha decretado la emergencia ferroviaria por un plazo de dos años, oficializada mediante un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei. Esta medida afecta a los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, así como a todas las actividades relacionadas con la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. La emergencia fue declarada tras el reciente choque del tren de la línea San Martín, que dejó unos 90 heridos, y se implementa pocas horas después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la cual mantiene a Belgrano Cargas y a la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) entre las empresas a concesionar.
La emergencia se establece por dos años, con posibilidad de una única prórroga por el mismo período. En los considerandos de la norma, se menciona que la evaluación anual de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) para el ejercicio 2023 reveló una situación delicada en el Sistema de Transporte Ferroviario Nacional. Los descarrilamientos predominan en el transporte de cargas debido al mal estado de la infraestructura, mientras que en el transporte de pasajeros, la degradación del mantenimiento provoca reducciones de velocidad y suspensiones de servicios.
El decreto también subraya la ineficaz gestión y planificación de las contrataciones para el mantenimiento del material rodante, lo que ha resultado en una disminución de las formaciones en servicio y, por ende, en las frecuencias de los trenes. Para revertir esta situación, se ordena a las empresas ferroviarias presentar un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones a la Secretaría de Transporte de la Nación, detallando plazos de ejecución, estimaciones presupuestarias y condiciones de mantenimiento y seguridad.
La Secretaría de Transporte deberá elaborar un plan de acción dentro de 15 días con medidas urgentes para garantizar la seguridad operativa del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros. Además, el decreto permite a la Secretaría de Transporte y a las empresas ferroviarias rescindir o renegociar contratos no perfeccionados o no ejecutados por razones de emergencia.
Para mejorar las condiciones de seguridad operativa, el Gobierno asignará un presupuesto adicional de $1.293.780.000.000 para el fortalecimiento del sistema ferroviario nacional, de los cuales $350.000.000.000 deberán imputarse en el presupuesto 2024.
