La AFIP denunció casos de explotación laboral rural en Buenos Aires

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interpuso una denuncia ante el sistema judicial que condujo al rescate de siete personas que aparentemente eran objeto de trata laboral en fincas rurales ubicadas en la provincia de Buenos Aires.

Presentaron la denuncia a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (Dgseso) tras descubrirse que estas personas vivían en condiciones precarias y percibían salarios que se situaban hasta un 50% por debajo del salario mínimo, vital y móvil, a pesar de trabajar largas jornadas, según se comunicó oficialmente.

Antes de esto, los agentes de seguridad social llevaron a cabo investigaciones en explotaciones agrícolas y hortícolas en la provincia de Buenos Aires, lo que arrojó indicios de trata de personas con fines de explotación laboral. Estos hallazgos desencadenaron tres operativos en los que participaron agentes de la AFIP, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y el Renatre, para verificar la situación de los trabajadores.

Mediante acciones de inspección y control, se verificó que los empleados llevaban más de diez años trabajando en los campos y tenían en su mayoría más de 55 años de edad. Sin embargo, sus viviendas no cumplían con la normativa laboral agraria, ya que estaban construidas con materiales precarios y carecían de instalaciones sanitarias adecuadas, agua caliente y cocina. Se encontraron condiciones peligrosas y factores insalubres, como pisos de tierra, techos en mal estado y aberturas rotas, entre otros.

Los testimonios de los trabajadores revelaron que habían llegado a la provincia hace más de diez años en busca de empleo. Algunas de las supuestas víctimas no tenían documentos y eran analfabetas. Además, en varios casos, recibían menos de la mitad del salario mínimo, vital y móvil, a pesar de las largas y extenuantes jornadas laborales. También se descubrió que ninguno de ellos estaba registrado en la AFIP.

La AFIP presentó una denuncia a través de la línea 145 del Ministerio Público Fiscal y amplió la denuncia en el juzgado federal de Lomas de Zamora, solicitando la intervención del Programa Nacional de Rescate y la reparación del daño causado a las víctimas.

Como resultado de la denuncia, la justicia ordenó allanamientos, lo que permitió el rescate de las presuntas víctimas.

Con información de Agencia Nacional de Noticias Télam