Mar del Plata: La Justicia rechazó el pedido de Greenpeace sobre la exploración offshore
En Mar del Plata, el Juzgado Federal Número 2, dirigido por Santiago Marín, ha rechazado la medida cautelar presentada por la Fundación Greenpeace Argentina que buscaba suspender las actividades de exploración offshore en las aguas del Mar Argentino que rodean la ciudad costera. A pesar de este rechazo, la resolución no ha definido completamente el reclamo, ya que el magistrado ha solicitado informes sobre el proyecto «Argerich-1», inicialmente cuestionado en el expediente, que se refiere a la exploración sísmica en la zona.
En relación con los riesgos ambientales argumentados por la fundación, el juez ha instruido al Estado nacional para que, en informes sucesivos, aborde específicamente el cumplimiento por parte de Argentina de sus obligaciones informativas derivadas del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, así como del Convenio de Cooperación sobre Preparación y Respuesta a Incidentes de Contaminación del Medio Marino por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas, en relación con la República Oriental del Uruguay.
Respecto al posible impacto en el cambio climático, el funcionario ha determinado que el Estado nacional debe proporcionar toda la información disponible sobre las metas comprometidas por Argentina en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y evaluar su compatibilidad con los proyectos de exploración y explotación petrolera objeto de controversia.
Cabe destacar que el pasado 20 de octubre, Greenpeace intentó aproximarse a un buque que realizaba estudios sísmicos, siendo obligado a regresar al puerto de Piriápolis, Uruguay, después de la intervención de la Prefectura. Este incidente sucedió días después de que la Corte Suprema rechazara los planteos de las organizaciones ambientalistas que buscaban detener los trabajos, alegando un posible daño ambiental. La Corte desestimó las denuncias en noviembre, permitiendo así la continuación del proyecto que había estado bloqueado debido a la autorización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a finales de 2021, citando la posible afectación al ecosistema marino como la razón para iniciar los trabajos. El litigio había llegado a la Cámara Federal de Apelaciones y, al presentarse un recurso extraordinario de queja, la Corte decidió desestimar los planteamientos.
