Rubén Ramos: “Vemos con mucha preocupación los intentos de limitar las incumbencias de la abogacía en temas como sucesiones y divorcios”

* Secretario General de la Asociación de la Abogacía del Estado. Fue candidato a Presidente del CPACF (Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal) en 2022.

¿Cómo observas el panorama político luego del desenlace en la cámara de diputados sobre el tratado de la «Ley ómnibus «?

La mayoría de la población votó por una opción de gobierno nueva para la Argentina; sin trayectoria política y sin pertenencia a los partidos tradicionales del país. Esta nueva situación pone en valor el sistema democrático que cumplió 40 años ininterrumpidos de vigencia. Por primera vez desde 1983 la cámara de diputados tiene una conformación política de muchos bloques de casi 30 diputados y ningún bloque logra tener por si solo una mayoría que le permita aprobar o rechazar las leyes sin acuerdos amplios.

La ley ómnibus se fue desarticulando con el paso de los días y los acuerdos entre los diferentes bloques, ya no se puede hablar de la misma ley que mando el Poder Ejecutivo. La ley que se apruebe es la ley que redactó la cámara de diputados, con muchas modificaciones en muchas materias que van a provocar un cambio profundo en la Argentina.

¿Afecta esta ley, y el DNU en general a los afiliados de AGAE?

Por supuesto, los abogados del Estado vamos a sentir los efectos jurídicos del DNU 70/2023 y de la Ley Ómnibus. Por nuestra parte vamos a seguir defendiendo a cada profesional y peleando por un escalafón propio, por más y mejor formación, por la independencia técnica y por la jerarquización, todos temas que se omiten en las sucesivas reformas.
Además de la judicialización de gran parte de sus artículos, nosotros vemos con mucha preocupación los intentos de limitar las incumbencias de la abogacía en temas como el divorcio y las sucesiones.
Los abogados somos los que garantizamos que la ley sea observada y conocida por los ciudadanos al momento de firmar cualquier acto jurídico. Sin abogacía no hay legalidad ni estado de derecho.

¿Crees que es un riesgo otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la Nación? ¿Qué opinión tenés sobre ese tema?

La Constitución Nacional Argentina es una de las piezas jurídicas mas ricas y completas del mundo, es de avanzada, desde su creación hasta su última reforma. Es ejemplo de la importancia que un país le da a los derechos y obligaciones de las personas que lo habitan y también establece un marco normativo amplio que protege al ser humano por sus sola existencia.

Además, establece un sistema de pesos y controles cruzados entre los tres poderes del Estado. Cuando uno de los poderes, en este caso el legislativo está dispuesto a otorgar parte de sus competencias al ejecutivo, se corre el riesgo de que la visión de país sea totalmente parcial, sin pluralidad y sin contemplar a las minorías. Es un riesgo para el sistema republicano, de división de poderes, el mal uso de las facultades delegadas. Igualmente, siempre está la justicia para interpretar y limitar los avisos y excesos de cualquiera de los otros dos poderes sobre los derechos establecidos por la Constitución.

¿Cuál es su opinión sobre la reforma laboral? ¿Está a favor, en contra, en qué condiciones en todo caso debería darse?

La reforma incluida en el DNU 70/2023 es inconstitucional, no solo porque no existe un estado de necesidad y urgencia para dictar esa reforma, sino porque estando el Congreso en funciones, no hay razón para no elevar un proyecto de ley que los diputados y senadores debatan y aprueben.

El mundo cambió, la tecnología es parte de nuestra vida, las nuevas formas de trabajo ya están entre nosotros, es claro que hay que modificar algunas instituciones del régimen laboral, pero esto solo se puede hacer discutiendo en el Congreso con todos los actores involucrados y escuchando la visión de los trabajadores y profesionales.

¿Cómo ves el funcionamiento de la justicia en general y en particular durante este nuevo mandato presidencial, estas conforme con su accionar?

El gobierno lleva muy poco tiempo para poder analizar en profundidad el funcionamiento de la justicia. Hoy la justicia en general está muy paralizada, lenta y sin dar respuesta en tiempo y forma a los ciudadanos. Hay muchísimos juzgados vacantes, eso provoca que jueces trabajen con dos juzgados a la vez y todo se mas lento, llegando en algunos juzgados casi a la parálisis. Por otro lado, vemos que cada vez más, los jueces incumplen con la aplicación de la ley de honorarios de los abogados y abogadas, fijando los mismos siempre a la baja y no respetando los mínimos legales exigidos. Por otro lado las tasas de interés de actualización de los juicios y honorarios son ridículas, el paso del tiempo licua los ingresos de los abogados y de las sentencias, generando un perjuicio irreparable para la profesión.

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